“Estamos ante un grupo organizado y violento”

El fiscal Ernesto Salas resaltó que los acusados habrían deshonrado sus uniformes y que eso agrava la posible pena en contra de la banda

Los dos policías de la provincia que fueron detenidos ayer, acusados del secuestro extorsivo de Franco Nicolás Lizárraga debían haber estado de guardia en dos puntos de la ciudad pero dejaron sus puestos para involucrarse en el ilícito, según explicó en la audiencia de acusación el fiscal Ernesto Salas López, de la Unidad Investigativa de Delitos Flagrantes II.

A golpes

Ayer a las 2, Lizárraga fue secuestrado por cuatro hombres que a punta de pistola y a golpes lo bajaron de su taxi y lo subieron a una EcoSport dorada en Necochea

y Santa Fe. El secuestro ocurrió delante de la esposa de la víctima, Tania Lorena Paredes, y de su hijo de meses.

La Policía fue alertada rápidamente por los testigos, que además mencionaron que los secuestradores habrían aducido ser miembros de la fuerza y estar realizando un operativo antidrogas.

Con la información brindada por uno de los vecinos, tres efectivos de la Guardia Urbana y dos de la Patrulla Motorizada localizaron en Santa Fe y Maipú la EcoSport y un Chevrolet Onix blanco que los seguía. Esa delegación arrestó al policía federal

Gonzalo Gabriel Lagoria y los efectivos de la provincia Luciano Ramón Campos y Jonathan Gabriel Díaz, que iban en la camioneta con la víctima -que viajaba esposada-. También arrestaron al conductor del Onix, el comerciante gastronómico Ángel Luis Medina

que habría dicho que acompañando el operativo.

El fiscal precisó en la audiencia que pidió un informe a las divisiones de la fuerza para saber dónde debían estar esa noche cada uno de los uniformados detenidos y si era posible que estuvieran realizando iba un operativo mixto entre la Policía provincial y la Federal.

Salas explicó que de su investigación surge que Díaz debía estar patrullando junto a otro efectivo las inmediaciones de avenida Colón y Roca, y que, según habría dicho su compañero de turno, Díaz

le habría pedido que lo esperara una hora porque debía verse con una mujer.

Campos, por otro lado, debía estar custodiando un predio ferial según le habían designado sus superiores. Lagoria, por toro lado, no contaba con ninguna autorización judicial para realizar un operativo antidrogas ni privar de su libertad a alguien. “Tampoco es posible que un juez le diera esa orden, ya que en la semana le dieron licencia porque sus estudios revelaron que había contraído Covid-19 y debía permanecer aislado en su casa”, detalló Salas.

“Estamos ante un grupo organizado y violento, dispuesto a dejar su trabajo para realizar un ilícito. Su calidad de miembros de la fuerza agravaría la posible pena en su contra, que iría de 10 a 25 años”, dijo el fiscal para pedir la prisión preventiva, medida que fue aceptada por tres meses.