Volver a una escuela fue su pasaje hacia la libertad

Un adolescente de 17 años detenido por un robo cambió su vida y quedó cerca de no ser condenado. Encuentro con la víctima

Un adolescente en conflicto con la ley está aprovechando la oportunidad que le dio la Justicia. Acusado de un robo, al menor de 17 años le ofrecieron dos alternativas: retomar sus estudios o quedar internado en el Instituto Roca por el delito que había cometido. Hoy, a casi un año de haber tomado esa elección, está a un paso de no ser condenado y de reunirse con la víctima para sentarse frente a frente y, juntos, tratar de encontrar una solución al conflicto que protagonizaron.

L. P. L. pareciera estar destinado a hacer historia en el Centro Judicial Capital. Fue uno de los primeros adolescentes en afrontar un proceso por un asalto con el nuevo código procesal penal. Él, junto a un tío y a otras personas, en las márgenes del río Salí, abordaron a un hombre que se dedicaba a la extracción de áridos. Después de amenazarlo con armas blancas, le robaron el caballo que tenía para tirar el carro con el que trabajaba y el celular. Fueron detenidos a los pocos metros y puestos a disposición de la Justicia

El joven terminó encerrado en el Roca. En esos momentos, los profesionales de la Subdirección de Adolescentes en Conflicto con la Ley lo atendieron y descubrieron que el adolescente navegaba en un mar de necesidades insastifechas. Su padre, por ejemplo, murió en un crimen que nunca fue resuelto. Su madre se marchó del hogar y él, con sus cinco hermanos, quedó al cuidado de sus abuelos.

Vivía (y vive) en una modesta casa a las márgenes del río Salí. Su abuelo, que no sabe leer ni escribir, se las rebusca haciendo viajes de arena. Su abuela, también

analfabeta, cobra un plan por ser madre de siete hijos, pero no recibe ningún beneficio por los nueve nietos que se encuentra criando. Los mayores, y nueve menores de entre 17 años y un año de edad.

Los trabajadores sociales descubrieron que había abandonado sus estudios para ayudar a su abuelo, que la familia no recibía los módulos alimentarios que correspondía y que la mayoría de ellos se encontraban indocumentados. Todos esos problemas ya están en vías de solución.

El proceso

En un juicio abreviado, el menor, se declaró penalmente responsable por el delito que había cometido. Sus cómplices fueron condenados a más de seis años de prisión y al menos uno de ellos ya se encuentra en el penal de Villa Urquiza. Como medidas socioeducativas aceptó volver a una escuela de oficios y a realizar un tratamiento psicológico. Pero lo que parecía tan simple terminó convirtiéndose en una pesadilla.

La mayoría de las clases que debía tomar L.P. L. eran virtuales. Por ese motivo, la Justicia y Desarrollo Social hicieron todas las gestiones para que tuviera los instrumentos y la conectividad necesaria para que pudiera continuar con sus estudios.

Y pese a todas las complicaciones que se le presentaron, (paro de ómnibus y falta de recursos, entre otras), se las ingenió para participar de todas las sesiones con el psicólogo que se le había ordenado cumplir, siempre acompañado por su abuelo, que había sido designado referente parental.

Días atrás, se desarrolló una nueva audiencia para controlar el cumplimiento de las medidas socioeducativas que se le habían impuesto. “A pesar de presentar dificultades económicas y escasos recursos simbólicos, tanto el joven como su referente estuvieron sumamente implicados en este proceso y se mostraron colaborativos y receptivos de las intervenciones realizadas por el equipo”, explicaron la trabajadora social Lourdes Vaca y la psicóloga Andrea Yanicelli.

Las profesionales destacaron que L. P. L. no tenía causas penales anteriores y que tampoco había reincidido después de haber entrado en conflicto con la Ley, por lo que sugirieron dar por terminadas las medidas socioeducativas y que se pusiera en marcha un programa proteccional para que el adolescente continúe con su recuperación.

En la audiencia, el juez especializado en Niños, Niñas y Adolescencia Federico Moeykens exhortó a la autoridad proteccional a que incorpore programas de Justicia Juvenil Restaurativa de jóvenes punibles (de 16 y 17 años) y no punibles (por debajo de 16 años) que cometan faltas o delitos de baja intensidad por primera vez y puedan ser abordados con el objetivo de llegar a tiempo para disminuir los niveles de reincidencia.

El magistrado destacó la importancia de contar con la intervención de equipos interdisciplinarios de abogadas mediadoras, psicólogas y trabajadoras sociales que se encargan de los casos que puedan derivarse desde la Justicia, para el diseño de estrategias específicas y la intervención particular en cada situación.

“Hay que buscar todas las alternativas necesarias para tratar de que estos adolescentes puedan reinsertarse a la sociedad. Y la sociedad también debe tener la mente abierta y pensar que lo mejor que le puede pasar a una comunidad es que estas personas, y más cuando son jóvenes, se readapten”, explicó Moeykens en el debate.

Cómo sigue

El juez de NNyA convocó a una nueva audiencia para el 9 de septiembre. Ese día se realizarán dos pasos:

- Los responsables de controlar las medidas socieducativas deberán realizar un nuevo informe sobre el comportamiento del adolescente.

- Se invitó a la víctima para que mantenga un encuentro con el acusado. Que se conozcan, que hablen, que intercambien opiniones y hasta que busquen la manera de reparar el daño que causó el acusado con el delito que cometió.

“Esto es nada menos que una herramienta más de lo que se conoce como justicia restaurativa. Es un ámbito para que la víctima y el victimario puedan, a través del diálogo o acciones concretas, solucionar este conflicto”, explicó José Del Río, defensor del adolescente. “Es importante que se busquen estas alternativas. El joven no tenía antecedentes, se equivocó y a lo largo de estos meses está demostrando que aprendió del error que cometió y, lo que es más importante, está cambiando su vida”, agregó.

En un futuro no muy lejano, L. P. L. se sentará frente a un tribunal unipersonal que deberá resolver su caso, ya que se declaró penalmente responsable del delito que cometió. Luego de escuchar los informes de los profesionales sobre el cumplimiento de las medidas socioeducativas que se le impusieron y los resultados del encuentro con la víctima, los jueces definirán si le aplican una condena o si archivan la causa. “Hasta aquí todo va encaminado para que sea la segunda opción. Y todo sería porque él demostró que quiere cambiar. Puede ser el mejor final de un proceso que debe repetirse decena de veces para que mejoren las cosas en la provincia”, concluyó Del Río.