Surgen pruebas de los contactos que tenían los “nuevos ricos”

En las causas donde son investigados, aparecen audios que demostrarían la relación que tuvieron los llamados “nuevos ricos” con algunos policías. Los defensores de varios de los detenidos desmintieron los rumores de que estarían dispuestos a pagar millonarias cifras para quedar en libertad.

Mientras los acusados esperan que se resuelva su situación, el fiscal López Ávila ultima los detalles para pedir que sean enjuiciados

“Ellos están muy tranquilos”, aseguró H.M.V, un recluso del penal de Villa Urquiza que comparte días de encierro con varios de los llamados “nuevos ricos” de Tucumán. Esa paz interior, según explicó el informante, tiene que ver con que están confiados de que no les pasará nada. “Ellos reciben visitas importantes y hablan por teléfono seguido. Dicen que tienen plata para arreglar cualquier cosa y por eso están tranquilos de más y no les importa que varios los hayan traicionado. Después se las cobrarán”, añadió. Los defensores de los acusados desmintieron categóricamente esas versiones.

El ex diputado José Cano calificó como “nuevos ricos” a las personas que están involucradas en diferentes delitos y que tuvieron un crecimiento económico exponencial en el corto plazo. Acusados de integrar bandas que habrían cometido los robos más resonantes de los últimos tiempos e investigados en causas de tráfico de drogas, no de narcomenudeo, sino de importantes cantidades de estupefacientes.

El fiscal Diego López Ávila logró procesar a varios de ellos en la causa conocida como “La industria del escruche”. Luego de un arduo trabajo, acusó a Miguel “Gatita” Lizárraga (ayer fue sobreseído en una de las causas en su contra) a dos de sus familiares y a los miembros del clan Caro de integrar una asociación ilícita que se dedicaba a cometer robos en viviendas del Gran San Miguel de Tucumán.

La información sobre supuestos arreglos, según confiaron fuentes judiciales, generó sorpresa en indignación en la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I. En estos días, se firmaría el requerimiento de elevación a juicio con lo que se pretende conseguir condenas de más de 10 años a todos los acusados. “Este es el primer paso. La política criminal que impone el Ministerio Público Fiscal es combatir a estos grupos que se creían impunes. Pero eso ya se acabó”, señaló el representante del MPF.

H.M.V, el compañero de encierro de los imputados, analizó que la situación de ellos es difícil, pero aclaró que no es la primera vez que pasan por momentos así. “Siempre zafaron. En nuestro mundo dicen que tienen los contactos necesarios para ‘trabajar’ y no ser condenados”, indicó. Las negociaciones para que se busque una salida alternativa están totalmente agotadas. Los defensores señalaron que las pretensiones del tiempo de la pena son muy elevadas.

La cárcel es un mundo aparte. La información corre de un lado a otro en formato de rumor. Una de esas versiones indica que los acusados creen que aportando una importante suma de dinero quedarán libres. Hasta hablan de entregar entre U$S 60.000 y U$S 70.000 cada uno. Ricardo Fanlo, defensor de los Caro, señaló: “son comentarios absurdos, no estamos hablando de personas que tengan vinculaciones con el poder. Ellos están así porque confían en que las acusaciones en su contra se caerán tarde o temprano”. “Son patrañas, creemos en la Justicia y en el juicio se sabrá la verdad”, explicó Manuel Pedernera, defensor de “La Gatita” Lizárraga.

Relaciones peligrosas

La persecución de los integrantes del clan Caro comenzó en marzo de 2021. En esos días, la Policía realizó numerosos allanamientos en distintas viviendas de la capital en busca de dinero y los elementos que supuestamente habían sustraído los integrantes de la banda. Pero se llevaron una sorpresa: los sospechosos sabían que se presentarían allí. “Cuando llegamos al lugar se nos rieron en la cara. Alguien les avisó que iríamos a buscarlos. A partir de ese momento cambiamos la estrategia. Sólo sabían de las medidas que realizarían el fiscal, el instructor, el juez y un par de comisarios”, explicó una fuente de la fuerza. “Antes de realizar el operativo, convocábamos al personal y le pedíamos que entregaran sus celulares para que la información no se filtrase”, añadió.

La sospecha de que alguien “vendía” la información se confirmó en un audio que fue viralizado. Un suboficial le contaba con lujos de detalles a Walter “Kuki” Caro -actualmente detenido en el penal de Villa Urquiza- quién era la persona que había marcado sus viviendas y quiénes eran los jefes policiales que recibieron esos datos.

Francisco “Vikunga” Caro -quien está prófugo de la Justicia- le contó en otro audio a un tal “Ismael” cómo hacían ellos para trabajar tranquilos. ‘Batore’ te dijo que nosotros arreglamos con la ‘cana’ porque

En la causa surgen que habrían recibido ayuda de la Policía. Varios de sus ex socios los complicaron para recibir penas más leves no queremos quedar presos. ¡Ni a gancho! Cuando nos pillan, decimos: ¿Cuánto es? ¿100.000, 300.000, 400.000…? Y la ponemos para no caer presos y poder seguir robando”, se escucha en el mensaje.

Los integrantes de este clan no sólo utilizaban las redes sociales para mostrar su crecimiento económico, sino también para dejar mensajes. Marcos “Batore” Caro, otro de los hermanos que está evadiendo el accionar de la Justicia, utilizó las redes sociales para publicar una sugestiva imagen. Sosteniendo fajos de dólares y pesos como si se tratara de un celular, escribió una frase: “nos escuchan”. Ese posteo tendría dos connotaciones: el prófugo de la Justicia sabía que lo estaban investigando porque alguien le avisó, y además quiso mostrar que tenía el dinero suficiente para afrontar cualquier proceso, incluso comprar voluntades para tener información sobre las investigaciones en su contra.

La “Gatita” Lizárraga y su hijo Juan de Dios López fueron detenidos en Córdoba en dos procedimientos diferentes. Los operativos fueron encabezados por personal del Equipo Científico de Investigación Fiscal con la dirección del actual ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa. Para concretarlo, primero tuvieron que realizar tareas de investigación reservadas y después, elegir a policías cordobeses de extrema confianza para que no los “vendieran”, es decir, no difundieran su presencia. “Fue bastante complicado. Teníamos que actuar rápido para no tener problemas. De alguna manera, las fuerzas cordobesas quedaron mal porque no vieron lo que se vio en Tucumán”, explicó un miembro de ese equipo.

El comerciante Juan Jesús Piero Pinna, vinculado a los Caro, fue acusado de un homicidio registrado en una fiesta en

Mar del Plata.

En las últimas horas, se confirmó que en el lugar donde se realizó el encuentro, una camioneta de la Secretaría de Seguridad de ese municipio fue convocada para el cuidado de los autos de alta gama que los asistentes dejaron estacionados en la playa de estacionamiento. “Pronto se va a saber la verdad de lo que sucedió ahí”, señaló un allegado al ex rugbier.

Fanlo indicó que los Caro tienen pruebas para demostrar que eran perseguidos por la Policía. “Aquí debería haber muchos funcionarios policiales por la connivencia que tenían con ellos”, explicó el profesional. “En su momento, presentaremos las pruebas para demostrar nuestros dichos. Ellos tienen imágenes reveladoras”, añadió.

¿Hubo un informante?

Las revelaciones de los “nuevos ricos” ha generado sorpresa y conmoción en el mundo del hampa tucumano. Varios de ellos sostienen que la exposición les juega en contra. “La ‘yuta’ ahora sabe de dónde sacarnos la ficha”, le dijo H.M.V a LA GACETA. “Se ganaron demasiados enemigos al vicio y varios ya comenzaron a darles el vuelto”, añadió el informante.

Los acusados están convencidos de que hubo un informante que “batió” todo. Los dedos acusadores apuntan a Rodrigo Tripolone, un joven de 22 años, que hizo una reparación económica para no ser condenado por encubrimiento. Entregó su Peugeot 208 al MPF y donó $100.000 en materiales didácticos a la escuela Normal. “¿Fue el p... de Tripolone? Mirá vos... Nosotros ya sabíamos todo eso”, le dijo “Cucki” Caro al policía que le informó a través de un audio quién había sido el que ordenó los allanamientos en su contra.

En medio del proceso judicial hubo otras personas que les complicaron la situación procesal. Edgardo “El Joyero” Bournonville fue sindicado en el expediente de “La industria del escruche” como el hombre que reducía las piezas de oro que supuestamente obtenía el grupo en los robos. Defendido por Gustavo Carlino, reconoció la acusación en un juicio abreviado, por lo que recibió una condena de tres años condicional; pagó $800.000 de resarcimiento a las víctimas y donó $100.000 a una entidad benéfica.

Zenón Leguizamón fue otro de los que complicó procesalmente a la banda que sería liderada por “La Gatita” Lizárraga a cambio de recibir una pena menor. Estaba acusado de cometer un robo en el que participaron los otros miembros del grupo. “La teoría del fiscal es real. Hicimos eso”, declaró en la audiencia en la que fue condenado a tres años de prisión y al pago de una indemnización de $4 millones. Esa declaración terminó siendo clave en la acusación en contra de todos los otros sospechosos de haber cometido al menos una veintena de robos.

Las defensas rechazan las versiones de que los acusados buscan la manera de “arreglar” su situación procesal.

“Este es el primer paso de la política criminal del Ministerio Público Fiscal para combatir a estos grupos que se creían impunes. Tenemos pruebas para condenarlos ” DIEGO LÓPEZ ÁVILA FISCAL DE LA CAUSA “LA INDUSTRIA DEL ESCRUCHE”

“Mis defendidos fueron perseguidos por la Policía. También deberían estar detenidos varios miembros de la fuerza por lo que les hicieron. Vamos a demostrar eso ” RICARDO FANLO ABOGADO DE LOS CARO

En dos audios quedó en evidencia que los miembros del clan Caro recibían ayuda de algunos policías.